Los retos económicos y sociales a los cuales deben hacer frente los poderes públicos son cada vez más complejos. Las plataformas digitales y las criptomonedas ya conviven hoy con las empresas tradicionales y los billetes de papel; los robots han salido de los laboratorios y de los centros de investigación para reivindicar su espacio en el mundo laboral: parece el futuro pero es ya una realidad tangible.

A menudo, las administraciones públicas esconden la cabeza bajo el ala y optan por prohibiciones de facto y reacciones a la defensiva ante situaciones de cambio disruptivo que vienen de la mano de la aplicación de nuevas tecnologías, con el objetivo de mantener el statu quo durante todo el tiempo que sea posible. Es cierto que no siempre es sencillo que estructuras pesadas y burocratizadas como las predominantes en las administraciones públicas tengan una capacidad de reacción rápida y empática, ya que la digitalización de las relaciones empresariales escapa de los convencionalismos a los que estamos acostumbrados. Es precisamente en estos supuestos cuando se hace evidente que la administración pública, en su papel de regulador y diseñador de políticas públicas, se enfrenta a retos del siglo XXI que ya no puede resolver con herramientas del siglo pasado.

En el campo de la innovación social, la administración ha optado por utilizar métodos de gobernanza pública inteligente con la participación de los pilares de la cuádruple hélice (administración, ámbito de conocimiento, tejido empresarial y ciudadanía) mediante procesos de participación ciudadana, sesiones de cocreación, hackathons, plataformas de debate y de deliberación abierta, con la finalidad de diseñar políticas públicas más sostenibles e inclusivas.

En el campo de la innovación reguladora, este esquema se reproduce: por una parte, la ciudadanía ha ganado el papel protagonista en el proceso de creación de normas, los operadores económicos y los expertos en la materia son también escuchados en varios momentos del procedimiento y la administración pública juega el rol de impulso y liderazgo.

La Comisión Interdepartamental de la Economía Colaborativa, creada por Acuerdo de Gobierno de la Generalitat de Catalunya de 5 de abril de 2016, es un buen ejemplo de esta simbiosis. Aunque las comisiones interdepartamentales no son una novedad en sí mismas, ésta ha sido innovadora tanto por la materia que ha tratado como por su funcionamiento, ya que, por un lado, tenía el encargo de analizar y encontrar el encaje de las nuevas realidades empresariales y sociales asociadas a las plataformas digitales y, por otro, equilibrar los intereses divergentes de las partes implicadas en el fenómeno: departamentos, emprendedores digitales, empresas tradicionales, expertos y ciudadanía.

• Por su carácter transversal, la Comisión Interdepartamental ha sido presidida por el Departamento de Empresa y Conocimiento y la secretaría y apoyo técnico los ha ejercido el Departamento de la Vicepresidencia, de Economía y Hacienda. Por su implicación vertical, han participado los departamentos de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, el de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias así como el de Territorio y Sostenibilidad, la Agencia Catalana del Consumo y el Consorcio Administración Abierta de Cataluña. La Comisión Interdepartamental se desplegó en una Comisión Técnica y seis grupos de trabajo, cada uno de ellos liderado por el responsable sectorial de la materia con el seguimiento de un Plan de Trabajo previamente definido con misión, objetivos específicos, tareas y calendarios.
• Los involucrados en este fenómeno y que, de manera directa o indirecta, se ven afectados por las nuevas realidades digitales (representantes de las plataformas digitales, asociaciones de consumidores y usuarios, empresas de los sectores tradicionales como los taxistas o los hoteleros) así como expertos de reconocido prestigio en la materia han podido participar en el debate a través de la herramienta e-Catalunya, una plataforma de trabajo colaborativo creada por la Generalitat de Catalunya con las finalidades de innovar en los servicios públicos, mejorar la eficiencia organizativa y conectar profesionales.
• Finalmente, la ciudadanía ha estado presente a través de un proceso participativo con una duración de 77 días, periodo en el cual se han realizado 189 comentarios provenientes de personas físicas y asociaciones.

Las ventajas de este modelo de trabajo transversal en su dimensión disciplinaria y departamental son muchas y relevantes: analizar y hacer propuestas conjuntas desde el punto de vista de los responsables competenciales permite identificar la importancia de todos los intereses públicos a proteger; tener el apoyo de los agentes implicados en este nuevo fenómeno aporta a la Administración una visión innovadora y más próxima a la realidad; la opinión de la ciudadanía es valorada en todos los procesos sin embargo, en este caso, incluso más, ya que las personas, en su posición de ciudadanos agentes productores o prosumidores, son la base de esta nueva economía colaborativa.

Después de un año de trabajo, muchas reuniones y encuentros, la Comisión Interdepartamental aprobó el Informe de la Comisión Interdepartamental de la Economía Colaborativa: Propuestas para un buen encaje de la economía colaborativa y de plataformas en Cataluña, que recoge los principales análisis y conclusiones de los grupos de trabajo creados en el sí de la comisión así como los benchmarks internacionales realizados y presenta 24 propuestas clasificadas en 7 ejes temáticos: generales, turismo y vivienda, transporte y movilidad, fiscalidad, relaciones laborales, código de buenas prácticas y acuerdos de colaboración con plataformas. En la web, encontraréis el informe de conclusiones así como los documentos de trabajo de cada grupo y el Código de Buenas Prácticas para las plataformas digitales.

Teniendo en cuenta el rápido desarrollo de la economía colaborativa y de plataformas, el calendario para la implementación de estas propuestas se inició el pasado septiembre mediante la aprobación del informe por parte del Gobierno de la Generalitat de Catalunya y, para aquellas medidas que por su naturaleza y alcance así se requiera, dicho plazo se podrá alargar hasta un máximo de dos años. El Departamento de Empresa y Conocimiento y el Departamento de la Vicepresidencia, de Economía y Hacienda, que han ejercido respectivamente la presidencia y la secretaria de la Comisión Interdepartamental durante su vigencia, son los responsables de velar por el cumplimiento de las propuestas, hacer difusión de los resultados y presentarlos delante del Parlamento de Cataluña y las instituciones europeas.

Seis meses después de la aprobación oficial de las propuestas, podemos hacer un primer balance de su grado de implementación, a partir de las tareas que han sido desarrolladas por parte de las distintas unidades responsables. La Dirección General de Turismo, por ejemplo, ha incluido la figura del homesharing o viviendas compartidas dentro del proyecto de decreto de ordenación turística; gracias a la Dirección General de Transportes, iniciativas como el taxi compartido o proyectos piloto de movilidad urbana colaborativa están cada vez más cerca y esperamos que, en breve, el Código de Buenas Prácticas esté firmado por un buen número de plataformas digitales que operan en Cataluña.

Es evidente que se está produciendo un cambio y que las nuevas tendencias digitales han llegado para quedarse. La Administración tiene que saber leer este nuevo contexto dinámico para permitir un desarrollo natural de estas actividades colaborativas y de plataforma haciendo valer el principio equal the playing field tan defendido por las instituciones europeas. Es en este momento que nos debemos plantear no sólo qué regulamos, sino cómo regulamos: de forma necesaria, proporcionada y no discriminatoria.

Propuestas	Grado implementación
Eje 1. Propuestas generales
Propuesta 1.1 Reconocimiento de la figura del ciudadano agente productor	alto
Propuesta 1.2 Revisión normativa	medio
Propuesta 1.3 Publicidad y campañas divulgativas	alto
Eje 2. Turismo y Vivienda
Propuesta 2.1 Definición Vivienda compartida	alto
Propuesta 2.2 Regulación Vivienda compartida	alto
Propuesta 2.3 Intervención municipal de los hogares compartidos	alto
Propuesta 2.4 Registro de Turismo de Cataluña (RTC)	alto
Eje 3. Transportes y Movilidad
Propuesta 3.1 Definición de la economía colaborativa en el ámbito de transporte y movilidad	bajo
Propuesta 3.2 Transporte en vehículos ligeros	medio
Propuesta 3.3 Políticas activas de fomento	medio
Eje 4. Fiscalidad
Propuesta 4.1 Guía práctica para los ciudadanos	alto
Propuesta 4.2 Recomendaciones a los responsables de política fiscal	medio
Propuesta 4.3 Fiscalidad de las plataformas	medio
Propuesta 4.4 Asistente en la recaudación	alto
Eje 5. Relaciones Laborales
Propuesta 5.1 Clasificación de las plataformas de servicios y sus relaciones laborales	bajo
Propuesta 5.2 Recomendaciones a los responsables de política laboral	medio
Propuesta 5.3 Contratos a tiempo parcial	medio
Propuesta 5.4 Estudio de los umbrales de cotización	medio
Propuesta 5.5 Impulso de las plataformas de cooperación	medio
Eje 6. Código Buenas Prácticas
Propuesta 6.1 Firma del Código de Buenas Prácticas	alto
Eje 7. Acuerdos de colaboración con plataformas digitales
Propuesta 7.1 Impulso de la firma de acuerdos de colaboración con plataformas	medio
Propuesta 7.2 Acuerdos de colaboración con plataformas de alojamientos turísticos	alto
Propuesta 7.3 Acuerdos de colaboración con plataformas de movilidad	bajo
Propuesta 7.4 Colaboración público-privada en el ámbito de los datos	bajo

Anna Merino i Castelló
Cap de l’Àrea de Competència i Regulació del Departament de la Vicepresidència i Hisenda de la Generalitat de Catalunya